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Opinión

¿Acabar con la coca?

13/11/2018
Por: Adrián Restrepo Parra, profesor Instituto de Estudios Políticos UdeA

"...La erradicación es una medida económicamente más barata que la sustitución, pero suele ser también la más costosa en términos de derechos humanos..."

La política de paz para resolver el llamado problema de los cultivos ilícitos como la coca prioriza la sustitución y, en su defecto, la erradicación. Sustitución y erradicación tienen el mismo objetivo propuesto por la prohibición y la estrategia de guerra contra las drogas desde 1961: acabar con los cultivos ilícitos.

La sustitución supone que el Estado otorga a las familias cultivadoras opciones sustitutas de los cultivos de coca, amapola y marihuana. Por eso el programa de sustitución ofrece subsidios y acompañamiento técnico a las familias campesinas para transitar de una economía ilegal a una legal.

Según el Acuerdo de paz, las familias que después de conocer el programa de sustitución no acepten participar de éste serán objeto de la erradicación, las fuerzas militares “levantarán” el cultivo. Las familias que no sustituyen quedan sujetas a la erradicación. Bajo el gobierno Duque estos lineamientos del Acuerdo parecen sufrir modificaciones.

En Tumaco (Nariño), por ejemplo, existen grandes cultivos de coca y también más de seis grupos armados disputándose el negocio. Los riesgos de seguridad encarnados en los actores armados dan para pensar que una dificultad para promover la sustitución es convencer a las familias de la importancia de vincularse al programa y dejar el cultivo ilícito.

Sin embargo, los resultados en Tumaco muestran que a pesar del riesgo las familias están interesadas en hacer parte de la sustitución. Allí 50 mil familias manifestaron su interés. Pero el éxito de la convocatoria contrasta con la respuesta gubernamental: recibieron solo 16 mil familias. El principal argumento para no recibir las 34 mil restantes es la carencia de recursos por parte del gobierno.

Una situación similar viven las familias cultivadoras de coca en otras partes del país. De acuerdo con la información presentada por el gobierno Duque, el programa de sustitución hizo acuerdos colectivos con 130 mil familias y de ellas 33 mil están sin financiamiento. A esta situación debe agregarse que, según la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), en Colombia 200 mil familias viven de esta actividad.

¿Qué pasa con las familias interesadas en el programa de sustitución, pero que no son aceptadas por la desfinanciación del mismo? ¿Pueden estas familias continuar con sus cultivos ilícitos mientras el gobierno resuelve los problemas de financiación? Muchas de estas familias a pesar de estar dispuestas a sustituir serán objeto del programa de erradicación. El gobierno Duque aplicará esta medida porque, aunque falta a lo comprometido en el Acuerdo de paz de priorizar la sustitución, está interesado en cumplir con las metas de erradicación pactadas con USA.

La erradicación es una medida económicamente más barata que la sustitución, pero suele ser también la más costosa en términos de derechos humanos. La llegada de la fuerza pública a los territorios para quitar los cultivos ilícitos que hacen parte de la economía de las familias allí radicadas, no obstante el interés manifiesto de éstas en participar de la sustitución, solo generará la confrontación entre las poblaciones y el personal de las fuerzas militares.

La erradicación termina por alejar a los campesinos de la institucionalidad estatal y los acerca a los grupos ilegales. Si la única opción que el gobierno deja a las familias cultivadoras de coca es no sembrarla, estas familias serán proclives a continuar con una actividad que, aunque ilícita, llevan años realizando para sobrevivir. No delatarán a las organizaciones criminales porque finalmente son éstas las que compran las cosechas de coca. Esta situación permite comprender por qué siendo Tumaco la población del país con el mayor número de policías y militares presentes por cantidad de habitantes, aun así perviven las estructuras criminales.

En estas circunstancias, aparece como algo remoto el objetivo de la política de la prohibición de arrancar las plantas de coca para así dejar sin insumos la producción de cocaína. Posiblemente el resultado sea una disminución de las hectáreas cultivadas, lo cual no afecta necesariamente ni la producción ni el precio de la cocaína. Ese eventual logro puede tener un alto costo: el recrudecimiento de la violencia justamente en los territorios victimizados por la guerra que el Acuerdo de paz prometió superar.  

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Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

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