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Opinión

Un trabajo y una vía

19/06/2020
Por: Adrián Restrepo Parra, profesor Instituto de Estudios Políticos UdeA

«... La sustitución, un trabajo formal y una vía de comunicación para comercializar productos legales, resulta para el gobierno un precio demasiado costoso de pagar para intentar menguar de forma pacífica la violencia asociada con el negocio del narcotráfico...»

La Cámara de Representantes de Colombia realizó el 12 de junio una Audiencia pública sobre la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz: solución al problema de las drogas ilícitas. El debate estuvo centrado en la evaluación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis).

En la sesión intervinieron, entre otros, representantes de las familias cultivadoras de coca de diferentes regiones del país, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, delegados del Estado y por parte del gobierno la Alta Consejería para la Consolidación y la Estabilización.

El debate desarrollado en ese escenario permite reafirmar que el gobierno Duque efectivamente está implementando la política de la prohibición por medio de la estrategia de guerra contra las drogas como tradicionalmente lo ha hecho el Estado colombiano y los gobiernos de turno, pero Duque retornó a la versión “dura”, la de su jefe político, respecto a la versión “blanda” asumida por el Acuerdo de paz y el anterior gobierno.

La versión “blanda” consiste en que el Pnis es un componente del punto 4 y también del punto 1: Reforma Rural Integral (RRI). El supuesto sobre el que opera este programa es que la posesión legal de tierra y la sustitución voluntaria de cultivos como la coca por cultivos legales como el cacao, u otro afín a las condiciones territoriales y con posibilidades de inserción en el mercado competitivo, permiten acabar con los cultivos ilícitos porque mejoran sustancialmente las condiciones de vida de las familias de campesinos que subsisten de esa actividad ilegal. O dicho con palabras de un representante de los cultivadores: con el Pnis vendría “un trabajo y una vía” para desarrollar estas regiones y con ello también llegaría el verdadero final del narcotráfico.

Sin embargo, el Acuerdo mismo reconoce que este programa no niega la potestad del Estado para erradicar, es decir, también faculta a la fuerza pública para arrancar la mata sin mediar programas sociales ni económicos para las familias cultivadoras, esta es la versión “dura”, la que en los últimos meses por orden del gobierno de avanzar con la erradicación aprovechando la cuarentena pandémica, nuevamente ha generado enfrentamientos entre el Ejército y los campesinos, dejando más víctimas.

La sustitución y la erradicación tienen el mismo fin: acabar con los cultivos ilícitos y así con el narcotráfico. La sustitución es parte de la estrategia de la guerra contra las drogas, se diferencia de la erradicación porque tiene un componente social y económico con el cual crea un incentivo para que las familias voluntariamente erradiquen sus propios cultivos ilegales.

En el Acuerdo, el Estado tiene un enfoque de política de drogas prohibicionista -un mundo sin drogas ilegales-, solo que la primera opción para lograrlo es la negociación con el campesinado para sustituir un cultivo ilegal por otro legal, reservándose el derecho de erradicar, especialmente los cultivos de las familias no inscritas en el Pnis.

El gobierno está privilegiando la segunda opción porque el Pnis es un programa que no recibirá más familias de las 99.097 que tiene hasta ahora. El otro sinnúmero de familias interesadas en el programa no será cubierto por problemas presupuestales.

Más allá de los costos, el gobierno considera “barato” fortalecer el aspecto “duro” de la guerra contra las drogas que permite a corto plazo mostrar a la retina del público y al gobierno de Trump resultados inmediatos como número de hectáreas erradicadas, sinónimo de éxito contra el narco en un país cultivador.

El gobierno implementa el Acuerdo de paz siguiendo el enfoque de la prohibición y de guerra contra las drogas, combina sustitución y erradicación. La sustitución está reducida a la atención de las familias vinculadas al Pnis, formalmente el gobierno no tiene que ampliar la cobertura, vincular más familias, porque el Acuerdo no especificó ni el número de familias que debe vincularse al Pnis ni la cantidad de hectáreas a erradicar y/o sustituir voluntariamente.

La sustitución, un trabajo formal y una vía de comunicación para comercializar productos legales, resulta para el gobierno un precio demasiado costoso de pagar para intentar menguar de forma pacífica la violencia asociada con el negocio del narcotráfico.

El gobierno Duque considera más eficiente incrementar la erradicación, una lucha frontal contra las estructuras criminales que termina por enfrentar violentamente a la fuerza pública con las familias cultivadoras.

El Acuerdo prometió pacificar las regiones cocaleras, pero allí su implementación ha incrementado la violencia porque, especialmente en manos del actual gobierno, favorece el aspecto “duro” de la guerra contra las drogas. Como antes de la firma del Acuerdo, asistimos nuevamente a la idea de alcanzar la paz por medio de la guerra.

Este texto fue publicado en La Silla Vacía el miércoles 17 de junio de 2020


Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

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