Periódico Alma Máter

El pañuelo verde es ícono latinoamericano de este debate. En México (foto), además de aborto legal, libre, seguro y gratuito, reclaman prevención. En Uruguay no es penalizado si se da dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Foto: cortesía Santi Ochoa/Flickr.

Después de 12 años de lucha —desde la primera demanda que buscó derogar la criminalización del aborto en el año 1994—, la Corte Constitucional decidió en 2006 que no podían ser penalizadas las mujeres que interrumpieran su embarazo para proteger su salud física o mental, en caso de que el feto tuviera malformaciones que pusieran en peligro su vida o que el embarazo fuera producto de una violación.

La discusión pública sobre este tema se reavivó con fuerza, producto de dos demandas de inconstitucionalidad promovidas por Natalia Bernal Cano —abogada y doctora en Derecho de la Universidad de París Sorbona—. Como antesala al fallo que emitiría la Corte Constitucional en las próximas semanas dando respuesta a esas demandas, se ha generado un encendido debate en el que, incluso, se plantea la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo libremente, sin ninguna causal.

En el cruce de argumentos han tenido un especial protagonismo tanto las organizaciones en contra del aborto —civiles, de orden religioso y provida—, como aquellas que defienden el aborto legal y seguro como garantía de los derechos de las mujeres. Tampoco dejaron de causar resonancias y generar molestias las posturas de instituciones como el ICBF y Profamilia, las cuales se han pronunciado para respaldar lo ya sentenciado por la Corte hace 14 años.

De acuerdo con Julio González Zapata, abogado penalista y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, es necesaria una discusión seria, sin prejuicios religiosos, porque, según advirtió, los principios morales de un grupo no son universales y no se puede utilizar el derecho para imponerlos. «Una sociedad democrática no se acogerá a una moral en particular, porque estamos reivindicando el valor de la pluralidad».

Por su parte, para el médico ginecobstetra y magíster en Salud Pública, Joaquín Gómez Dávila, «este tema no es una puja de poderes, porque hay una serie de interpretaciones lejanas de la realidad frente al aborto, que buscan un retroceso enorme, que vuelva su penalización total». Según Gómez Dávila, las mujeres en Colombia ya tienen suficientes barreras para interrumpir un embarazo no deseado, como para pensar también en una penalización. Hoy, explicó, no solo tienen dificultades para acceder a una atención médica oportuna, sino también para enfrentar los estigmas e investigaciones.

Sin embargo, para Gómez Dávila «hay cifras evidentes que demuestran que ninguna traba que se le ponga a la mujer impedirá su decisión de interrumpir un embarazo no deseado». Allí, dijo, es donde aparecen los riesgos clínicos, «porque el 25 % de las gestantes que recurren a procedimientos clandestinos terminan con graves problemas o mueren en dichas intervenciones. Este panorama refleja una profunda inequidad, porque se complican o mueren las mujeres de menos recursos, las que tiene dinero buscan los medios necesarios y nadie se entera», explicó el ginecobstetra.

Los efectos de la penalización

El profesor González Zapata cuestionó el papel de los hombres en este debate: «Deberíamos callarnos en este tipo de temas». Para él, la discusión sobre la penalización o despenalización debe partir de un asunto elemental: «Estamos hablando de los derechos reproductivos de más de la mitad de la población. Mientras a los miembros de esa mayoría no se les trate como sujetos autónomos, capaces de tomar decisiones, seguiremos perpetuando un patriarcado».

El penalista, sin embargo, resaltó que lo alienta que las mujeres hayan ido ganando espacio en temas como este, «lo que nos guía hacia una verdadera sociedad igualitaria». Pero, advirtió también las consecuencias que sobre ellas traería un fallo que penalice el aborto: «La penalización traería mujeres solas, en condiciones económicas precarias y además tildadas de criminales». A lo que se suman, dijo González, los costos personales y económicos que debe pagar una mujer al ingresar al sistema penal. «Se somete al ser humano a más empobrecimiento y al señalamiento; por no haberle dicho en su momento cómo funcionaba su cuerpo».

372 000 abortos clandestinos al año en Colombia.

70 muertes, la mayoría de ellas de mujeres de bajos recursos.

10 % de las interrupciones de los embarazos se hacen, solamente, de forma segura.

Según Profamilia, entidad que consolidó estos datos, en la mayoría de los casos las mujeres desconocen el derecho fundamental consagrado en la Sentencia C355 de la Corte Constitucional.

Escuche el análisis académico sobre el tema en Alma Mater a fondo

Jueves 5 de marzo, 8:30 p. m.

Emisora Cultural UdeA | 1.410 AM | En el FM de las distintas estaciones regionales.