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Opinión

Utopía, participación y proyectos educativos

18/06/2019
Por: Rodrigo Jaramillo Roldán, profesor Titular Facultad de Educación UdeA

« ... la ausencia de predominio de la educación como derecho humano fundamental, ha impactado negativamente la ejecución de políticas públicas respecto a la configuración de auténticos proyectos educativos. Máxime que constitucionalmente la educación adquiere en Colombia estatus de servicio público con una función social ... »

La construcción de proyectos educativos auténticos es una utopía en una sociedad funcionalista. La alusión al proyecto educativo, reconoce una construcción social, situada histórica y territorialmente, que toma a la educación como referente y se erige como bastión de identidad. Sea en un orden micro institucional o local, o bien a nivel macro, en un contexto regional o nacional.

Por las anteriores razones, el proyecto educativo es mucho más que un plan de acción, un programa de gobierno o un plan de desarrollo institucional.

La autenticidad de un proyecto educativo se establece en torno a un horizonte de formación de seres humanos. Que busca resistir a la imposición de visiones unidimensionales, los direccionamientos uniformes y la predeterminación de roles estáticos; que se opone a la competitividad individualista, la estratificación a ultranza, el opacamiento de la crítica social, y las regulaciones coercitivas de las expresiones autónomas a nivel individual y colectivo.

Genéricamente al referirse al proyecto educativo, se considera una construcción de condición participativa, con pertinencia social e histórica, caracterizada por actos comunicativos. Podría decirse que con él comienza a tomar vuelo la tesis de la utopía, desde el momento que se piensa en su construcción, a la vez que se corrobora la ausencia reiterada de la participación en la mayoría de las prácticas educativas institucionales y territoriales en Colombia.

Podría incluso afirmarse que la ausencia de predominio de la educación como derecho humano fundamental, ha impactado negativamente la ejecución de políticas públicas respecto a la configuración de auténticos proyectos educativos. Máxime que constitucionalmente la educación adquiere en Colombia estatus de servicio público con una función social. El caso más notorio de lo expresado devino con la ley 715 promulgada a partir de 2001 y con la cual se introdujeron procesos de gestión gerencial para la educación básica y media principalmente, por encima de las prácticas autogestionarias de los actores de la educación.

Mientras para la educación superior hubo aires esperanzadores de autonomía con la ley 30 de 1992 y según lo establecen sus principios en el artículo 3, al iniciar la segunda década del siglo XXI se fueron imponiendo prácticas evaluativas que privilegiaban criterios certificacioncitas, caracterizadas por la preferencia del ranking y la estandarización, por encima de ejercicios de autoevaluación colectiva. Una vez más, se desalojó a la academia de los espacios formativos, a la par que los escenarios educativos se plagaron de proyectos educativos fantasmas, tanto para evaluadores como para evaluados.

Con lo dicho, se quiere convocar a la adopción de un proyecto educativo que busque reivindicar el valor humanizador de la educación promoviendo los procesos participativos, autónomos y de construcción colectiva. Que vele por posturas críticas desde las cuales se pregunte por la preservación de la diversidad, la inclusión de las otredades y la posibilidad de oponerse de manera argumentada a concepciones gerencialistas. Brindando a los actores sociales la posibilidad de protegerse frente a estilos de gestión impositivos.

En la medida en que el proyecto educativo adquiere la dimensión de experiencia potenciadora de lo humano, se configura como pilar importante para que la organización educativa adquiera una senda autónoma. Se empiece a concebir el proyecto educativo entonces como un gran pacto social educativo, carta de navegación, proceso de desarrollo humano, de investigación continua, posibilidad de reflexión crítica y de actualización permanente de sus contenidos. Por ende, sustento clave hacia la formación de comunidad educativa.

A los protagonistas actuales de la educación les corresponde adoptar una postura cautelosa y comprender las normativas con las que se imponen criterios que impiden que los proyectos educativos se construyan de manera dinámica y contributiva de una convivencia más amable para Colombia. Puesto que a medida que se impuso un modelo por áreas y criterios de planeación estratégica para la gestión de la educación, devino el desplazamiento de la pedagogía a cambio del instruccionismo, se impusieron visiones instrumentales asociadas a metas de rendimiento y pruebas estandarizadas.

En la práctica dejó de prevalecer la educación como derecho fundamental, desincentivando la existencia de las comunidades educativas, la cooperación, la participación y la autonomía, a la par que se terminó impulsando los actos de rendición de cuentas con saturación de estadísticas acomodadas e indicadores fríos y alardeadores de eficiencia.

Con el nuevo panorama para la educación en Colombia, se impusieron otros modelos de gestión en que los actores principales pasaron a ser funcionarios pasivos e individualizados. La autonomía siguió perdiendo contenido, mientras imperó el fortalecimiento de las instituciones educativas como unidades de gestión empresarial, en las que la saturación de códigos y fichas, invadieron los escenarios formativos por excelencia. Por ende, el direccionamiento administrativo y la evaluación quedaron supeditados a los actores externos.

Pese a que desde los nuevos léxicos se anuncian otras estrategias que atentan contra la participación de los actores sociales, es posible reconocer algunos casos de acción autogestionaria, los cuales posibilitan aprendizajes que pueden ser incoroporados a las prácticas de gestión educativa actuales. Es el caso de las experiencias y proyectos de comunidades campesinas e indígenas, así como otros proyectos exitosos desde la educación popular y comunitaria.

Es por ello que aún es tiempo de propugnar por la construcción de auténticos proyectos educativos, centrados en la formación de seres humanos, que posibiliten aproximarnos a las nuevas utopías. A su justa valoración como gestión participativa que recobra la importancia de la comunidad educativa en su construcción colectiva y cumple la delegación de desarrollar y concretar los fines plasmados en la legislación educativa que se inauguró a principios de la última década del siglo XX.

En su recuperación de alternativa hacia un nuevo proyecto de nación que piensa la escuela acorde a nuevos tiempos de esperanza, según ideas de procesos de gestión de la comunidad fundada en principios de autonomía. Por ello, en la medida que contribuyamos a la construcción de auténticos proyectos educativos, estaremos más cerca del logro de promisorias utopías para la sociedad.


Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

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