Opinión

Hannah Arendt escribió que para los crímenes nazis ningún castigo era lo suficientemente severo. "Los crímenes nazis, me parece, hacen estallar los límites de la ley; y eso es precisamente lo que constituye su monstruosidad. Para estos crímenes, ningún castigo es lo suficientemente severo” (1992, 54).

Para Arendt, los crímenes de los nazis amenazaban con perturbar las concepciones más fundamentales de la responsabilidad personal, el progreso moral y la normatividad de la vida social. Sobre el perdón dijo: “Las personas “son incapaces de perdonar aquello que ellas no pueden castigar y son incapaces de castigar lo que se ha convertido en imperdonable” (1958, 241). Expresó así que algunas maldades no deben ser perdonadas moralmente, ni pueden ser castigadas, ahora ni en el futuro. Esto generó que se pusiera en duda el valor y la eficacia de una respuesta jurídica frente a las grandes atrocidades nazis.

Contra esta posición que negaba el valor del derecho, la cual en ciertas situaciones podía conducir a la venganza y la retaliación, se erigió el proyecto de justicia transicional que se inició en el Tribunal de Núremberg, continuó en los Tribunales de Guerra de Yugoslavia y Ruanda, en las Comisiones de la Verdad de Sudáfrica, Argentina, Chile, Perú y, ahora en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Estas distintas formas de expresión de los principios de la justicia transicional, que se desarrollaron en estos países, tienen en común que reemplazaron la venganza privada, descontrolada, por un proceso de justicia criminal y de verdad para establecer la culpa de los responsables y así tener el poder para castigar a los involucrados. Quienes cometieron crímenes horrendos —establecidos en el Estatuto de Roma— deben ser castigados.

Este es el complejo proceso que adelanta la JEP, del cual estamos viendo sus primeros y significativos avances, ante el cual sus críticos, expresando una desconfianza total frente a la perspectiva jurídica y de verdad que en estos se desarrolla, lo califican una y otra vez como una justicia orquestada, un sistema pérfido de justicia paralela, diseñado por las mismas Farc para autoperdonarse y perseguir a sus enemigos.

Esta negación de la perspectiva política que ha abierto la justicia transicional conduce a un camino: la venganza. En la sociedad colombiana hay muchos que reclaman venganza, en lugar de justicia. Basta ver las cifras de los líderes sociales y de los exguerrilleros de las Farc asesinados, que suman 254 desde la firma del Acuerdo Final de 2016. Esto es en parte responsabilidad de este gobierno que ha demostrado su incapacidad para garantizar el orden publico y la seguridad de quienes se comprometieron con el proceso de paz. Y es también responsabilidad de quienes promueven y alientan la política de venganza.

La grandeza y la justicia de una nación están en su capacidad de detener la mano de la venganza y en someter al juicio de la ley y a la justicia a todos los actores del conflicto que cometieron graves crímenes. 

 Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 16 de febrero de 2021