Opinión

La semana pasada, entre el 8 y el 12 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CorteIDH– escuchó en audiencia pública a las víctimas de la Unión Patriótica –UP– y al Estado colombiano, en torno a la responsabilidad de este último en las masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, tentativas de homicidios, hostigamientos, exilios, atentados y amenazas que sufrieron los primeros desde su creación en 1985. Este importante encuentro hace parte de los varios momentos que las víctimas de la UP han tenido que recorrer para conseguir, algún día, sanar sus heridas. 

La historia comenzó a mediados de la década de 1980, cuando se formaron como partido político. Debido al contexto en que surgieron como organización y la cercanía inicial que mantuvieron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc-ep–, la mayoría de sus líderes políticos fueron asesinados. En menos de dos años (1985-1986) alrededor de 1600 integrantes quedaron exterminados, entre ellos, 145 concejales, 15 alcaldes, 11 diputados y tres senadores. Número de muertes que creció hasta llegar a 4153 asesinados, y que fueron contabilizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe: Todo pasó frente a nuestros ojos, el genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002.

La lamentable situación llevó a las víctimas de la UP en 1993 a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la barbarie del Estado en su contra. Con esto se inició un largo proceso de justicia internacional, donde esta semana se obtuvo uno de los  mayores logros. El Estado colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, reconoció la responsabilidad “por violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, al reconocimiento de persona jurídica, a la libre asociación, a la libertad personal, a la libertad de circulación, a los derechos políticos y a las garantías judiciales y protección judicial”.

Este importante paso se dio luego de surtir dos grandes etapas. La primera inició en 1994 con la “Búsqueda de una solución amistosa” y finalizó en 2006, cuando el Gobierno de Álvaro Uribe desechó esta opción. Y una segunda, llamada de Fondo, que se abre en 2007 y que se extiende hasta la actualidad, la cual se caracteriza por los alegatos, las audiencias públicas y entrega de informes orales y escritos, en los que las partes hacen escuchar su voz y los demandados se defienden o aceptan responsabilidades. 

Las audiencias de esta semana ante la CorteIDH sirvieron para que las víctimas narraran de nuevo las tristes historias vividas en torno al asesinato de sus familiares y amigos. Fueron cuatro jornadas en las que se atendieron los distintos argumentos: las víctimas de mano de los abogados, fueron escuchadas, al igual que los peritos y expertos que presentaron evidencias y opiniones alrededor al asunto. Allí se presentó abundante información sobre la manera como los diversos agentes del Estado operaron sistemáticamente en esta macabra historia de exterminio. 

De allí que el victimario viera pertinente actuar con cordura. Por respeto a las víctimas, la defensa del mismo no instigó sus versiones; en su lugar las acompañó en su dolor y lamentó lo ocurrido; y el último día, el director de la agencia que defiende al Estado, rechazó “enfáticamente los actos de violencia cometidos a las víctimas, sobrevivientes, militantes y familiares de la UP, que no solo causaron un inmenso dolor a los afectados, sino que generaron un daño invaluable a la democracia colombiana”. Reconociendo su responsabilidad en, al menos, 219 miembros del partido políticos de la UP. 

Sin embargo, esto no es suficiente: las víctimas de la UP esperan mucho más. Saben que este es un reconocimiento parcial, los sacrificados se cuentan por millares. Además, desean que se avance en conocer la verdad, obtener justicia, recibir reparación real y simbólica, y trabajar en la reconciliación y en las garantías de no repetición de estos trágicos hechos. Como víctimas quieren que se les respete su honra y dignidad, pues se les acusó de comunistas, terroristas y enemigos del Estado y de la sociedad, sabiendo que lo que querían era participar políticamente y fortalecer el sistema democrático. En síntesis, fueron atacados sus derechos de pensamiento, de expresión y de asociación y desconocidos los derechos a la igualdad en la participación y no discriminación

Por eso, lo que ocurrió esta semana debe ser pensado tan sólo como un acto de quitar la costra a la herida. La llaga que produjo el genocidio aun sigue viva y sangra. El deseo de las víctimas es sanar sus heridas, aunque dejen cicatrices. Por ahora están intentando calmar el dolor y seguirán buscando el tratamiento definitivo, aunque sea largo. Tratamientos de recuperación que les recomendará la CorteIDH al final de este año o principios del próximo con su sentencia; y que serán complementados con otros que le sugieran la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– con su macro-caso en torno al genocidio de la UP. Quieren que todos contribuyamos con la construcción de la verdad, la entrega de justicia, los actos de reparación y la defensa del derecho a la no repetición.

Este texto fue publicado en la página de la Fundación Paz y Reconciliación el lunes 15 de febrero de 2021

Notas:

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