Opinión

Las instituciones, como lo propone el profesor John Elster, son arreglos que elaboramos en momentos de racionalidad para limitar los impulsos irracionales en la sociedad. Estas instituciones no están operando de manera adecuada en nuestra democracia. La irracionalidad desmedida, expresada en la violencia política que nuestras reglas de juego no logran contener, no hace distinción ideológica y afectan a todas las fuerzas políticas.

Según el Observatorio de Violencia Política de la MOE entre el 27 de Octubre y el 27 de Julio del 2019, 317 líderes políticos, sociales y comunales fueron victimas de violencia política, y 87 de ellos fueron asesinados. Esto confirma una vez más la trágica relación que existe en Colombia entre violencia y elecciones.

En 2015 los meses más violentos coincidieron con las consultas de partidos, la inscripción de candidatos y las elecciones mismas. Septiembre de 2016, el mes anterior al Plebiscito, fue el más violento de ese año junto con noviembre. Y desde diciembre de 2017, junto con el inicio de la
campaña al Congreso, los niveles de violencia se mantuvieron mes a mes en niveles elevados que solo se redujeron hasta pasada la segunda vuelta presidencial. (Informe de Violencia Política 27 de Julio).


 

Además de esto, el juego político establecido con el voto programático para la elección de Alcaldes y Gobernadores (artículo 259 constitucional), no logra tener la fuerza suficiente para que opere el intercambio entre las propuestas de política pública que hacen los políticos por los votos de la ciudadanía.

La explicación a este problema no solo radica en la compra, traslado de votos o amenazas al sufragante, sino también en las dificultades de los candidatos para elaborar adecuadamente sus propuestas de política o programas de gobierno. Según la MOE, solo el 23.3% de los planes de
gobierno de los alcaldes elegidos en el 2015 cumplió total o medianamente con presentar propuestas bien estructuradas. Estas deficiencias en los planes de gobierno minan la capacidad de los ciudadanos para desarrollar criterios claros que les permitan intercambiar su voto por la mejor propuesta de política pública.

Por otra parte, las restricciones institucionales que el Estado estableció para evitar el uso de dineros públicos en campañas políticas a través de la limitación a la contratación, por medio de la llamada Ley de Garantías, tampoco ha sido cumplida plenamente. Entre el 11 de noviembre del 2017 y el 17 de Junio de 2018, periodo de Ley de Garantías para las elecciones del Congreso, se firmaron convenios por valor de 1 billón 767 mil millones de pesos, con el presunto desconocimiento de las restricciones institucionales, sin que ello hubiese generado alarmas institucionales y/o un debate ciudadano amplio sobre el tema.

Estos son algunos ejemplos de la debilidad institucional colombiana que nos llevan a una paradoja: nuestras débiles instituciones son al mismo tiempo el mecanismo para fortalecerse. Las vías de acceso a la justicia, los variados recursos de protección de derechos y los múltiples órganos de control y vigilancia, representan un valioso instrumento institucional, pero que solo tiene el potencial transformador en la medida en que la ciudadanía haga uso activo de ellos y los considere como propios y legítimos.

En definitiva, y como lo presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una sociedad es viable cuando logra fortalecer sus instituciones, sus ciudadanos acuden y usan la justicia y cuando todos asumen la defensa de la paz como un compromiso y un derecho irrevocable. Estas acciones implican beneficios pero también el esfuerzo de hacer seguimiento y requerir constante información del accionar de nuestras instituciones.

Como parte de este proceso informativo, debemos recordar que el próximo 6 de septiembre se vence el plazo para que los terceros civiles con procesos judiciales abiertos en la justicia ordinaria puedan trasladar, voluntariamente, sus casos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y contribuir así a la construcción de la verdad sobre el conflicto armado.