Periódico Alma Máter

Desde octubre del 2020 el exMinistro de Defensa Carlos Holmes Trujillo (q.e.p.d.) aseguró en el municipio de Caucasia que la Fuerza Pública ya tenía todo listo para reanudar las aspersiones aéreas con glifosato en el territorio colombiano.  Foto cortesía Ricardo Cruz

El pasado 27 de abril, campesinos de Anorí se trasladaron a zona urbana de este municipio en el nordeste de Antioquia para movilizarse en contra de la posible reanudación de la aspersión aérea con glifosato. Un mes antes, el 18 de marzo, representantes de los consejos comunitarios de Tumaco y los siete municipios de la Costa nariñense también se habían concentrado para protestar en contra de esta estrategia que combate los cultivos
de coca.

En Colombia continúa la prohibición del uso de este herbicida en aspersiones aéreas, tras la resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes que las suspendió en 2015 aplicando el principio de precaución, pues en marzo de ese año, la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer —IARC— de la Organización Mundial de la Salud —OMS— señaló al glifosato como «probablemente cancerígeno en humanos».

Para reanudarlas, el Gobierno trabaja actualmente en el cumplimiento de las condiciones exigidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017. Entre estas, el ejecutivo debe proporcionar evidencia científica que determine que el uso del glifosato no afecta la salud ni el medio ambiente, debe consultar previamente con las comunidades ubicadas en las zonas donde se requiera esta estrategia y, posteriormente, se incluyó la obligación de cumplir con el Acuerdo de Paz.

Tras un esfuerzo institucional por cumplirlas, el presidente Iván Duque firmó el Decreto 380 del 12 de abril de 2021, que fija las pautas y el marco normativo que regirá la fumigación que, de regresar, sería operada por la Policía Nacional. El decreto señala que quedan excluidas de este método de aspersión aérea las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales, los Parques Naturales Regionales, los páramos, humedales, manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.

Sin embargo, en comunidades como las del Nordeste, Bajo Cauca antioqueño y el sur del país, en Tumaco, sigue el descontento y se agudizan las manifestaciones en contra del regreso de la aspersión.

Para Nilson Estupiñán, representante de los consejos comunitarios, comunidades indígenas del Pacífico nariñense e integrante de la Red de Derechos Humanos de esta zona —Redhpana—, el regreso del glifosato en la lucha contra las drogas es sinónimo de pobreza, militarización y afectaciones a la subsistencia de los campesinos.

«Nosotros en 2003, 2004 y 2005, sufrimos la fumigación y las afectaciones fueron gravísimas. Es decir, el empobrecimiento fue total, la gente dejó sus cultivos legales y le tocó sembrar lo que es más difícil de matar: la coca», explicó el líder afrodescendiente.

Tumaco, en la frontera con Ecuador, es una de las siete regiones (o enclaves productivos) donde se concentra el 36% de la coca en Colombia, de acuerdo al «Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en 2019», de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —UNODC–. Es, junto al Bajo Cauca antioqueño, una de las regiones más militarizadas en Colombia y donde los cultivos de uso ilícito siguen siendo un dolor de cabeza en el intento por detener el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley y, al mismo tiempo, una de las pocas alternativas económicas que ven los campesinos.

El cacao en ambas regiones es un producto de alta calidad, incluso el de Tumaco ha ganado certámenes internacionales por su calidad, como el Salón del Chocolate, en París (Francia).

Sin embargo, las oportunidades con los cultivos legales no representan una transformación general para la economía y sostenibilidad de la población de la costa pacífica nariñense ni para los campesinos del Bajo Cauca antioqueño.

¿Regreso al pasado?

Para José David Hernández, representante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana — Coccam— en Antioquia, después de la aspersión aérea lo que se genera es un traslado de cultivo, más que su erradicación:«Cuando a un campesino le fumigan en el Bajo Cauca, lo que hace él es trasladar el cultivo a un lugar que no está tan marcado, donde puede sembrar más y sacarle más ganancia».

Esto es lo que se conoce en la política de drogas como el «efecto globo», explicó Adrián Restrepo Parra, doctor en Ciencias Sociales y docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Consiste en que si se fumiga o erradica el cultivo este se puede trasladar al interior u otro departamento. «Este efecto es un elemento que no aparece mucho, pero que es bueno tenerlo presente porque la aspersión resulta
inútil a la larga».

Este traslado, además, tiene mayor impacto ambiental por la deforestación que se genera para la ampliación de la frontera agrícola. Otros de los cuestionamientos asociados a esta afectación al medio ambiente tiene que ver con los efectos químicos del herbicida: «En grandes cantidades, el glifosato no solo quema la hoja de coca sino que afecta las cuencas hídricas, el suelo, los cultivos alrededor y tiene un impacto sobre la economía del campesino que esté en el sector, ya sea vinculado al cultivo de uso ilícito o no. También hay que recordar que cuando se suelta la aspersión, hay viento, y por eso no siempre todo cae donde tiene que caer»,explicó Restrepo.

Este trabajador social también coordina la línea Gobernabilidad, fuentes de riqueza y territorios del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos, del Instituto de Estudios Políticos, y se ha dedicado al estudio de la guerra contra las drogas. En su libro más reciente, Ciudadanos consumidores de cannabis, hace un recorrido por la política antidrogas que ha desarrollado el Estado colombiano y las convenciones internacionales de drogas. Él indica que el acuerdo de paz presentaba alternativas contra las drogas que podían hacer sostenible la erradicación.

Para el académico, el posible regreso de la aspersión aérea con glifosato representa el retorno de una política de drogas «más prohibicionista» que refuerza la guerra contra las drogas y que contradice lo que se había señalado en el acuerdo de paz respecto a un necesario cambio de enfoque.

«Por un kilo de base de coca se paga actualmente $3.2 millones. Es decir, 3200 pesos por gramo. Para producirlo el campesino se gasta el 50%. Para sacarlo del lugar de producción no necesita transporte animal, ni motorizado e incluso puede venderlo en su finca. Mientras tanto, para sacar cuatro cargas de yuca o maíz, necesita cuatro mulas. En lo profundo de la montaña, donde están los cultivos de coca, vale más el flete que la carga de yuca»: José David Hernández Gandía, representante Coccam.

Una salida sostenible

Uno de los principales puntos del acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y las Farc fue la solución contra el problema de las drogas ilícitas, en este se estableció el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos –PNIS–. Este programa logró –en medio de retrasos e inconformidades de las comunidades– la vinculación de más de 99 000 familias, entre cultivadores y campesinos de zonas afectadas por
el narcotráfico.

Las familias vinculadas al PNIS erradicaron 42 339 hectáreas de cultivos ilícitos de forma voluntaria en 56 departamentos donde se concentra el 65% de la coca en el país, según el informe publicado por esta entidad el 31 de agosto de 2020.

Actualmente, este programa no recibe más familias ya que el Gobierno señala dificultades presupuestales, pues cada familia recibe alrededor de 30 millones de pesos distribuidos en diferentes pagos en tres etapas de sustitución. 

Para el investigador y los líderes sociales de Tumaco y Bajo Cauca, la respuesta al problema de la coca pasa por cumplir, acelerar y vincular más familias al PNIS, más que por erradicar de manera forzosa o con aspersión aérea con glifosato. Además, desde Tumaco los consejos comunitarios proponen la creación de una mesa de concertación y diálogo con todos los actores sociales territoriales.

Los campesinos cocaleros de Antioquia —asociados a la Coccam— piden que para la erradicación se respeten los acuerdos voluntarios y no se acuda a la militarización y la fuerza. Proponen que si las familias no se acogen, la coca podría ser erradicada manualmente o con fumigación terrestre, para evitar las afectaciones que conlleva la aérea.

Los líderes reiteraron la necesidad de que el Gobierno actual acelere la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en los que hay compromisos para construir vías, puentes y obras de infraestructura que pueden ser parte de la respuesta al problema histórico de las drogas y a la ausencia manifiesta del Estado.