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¿Cuáles son los retos en protección ambiental en temas mineros, de contaminación y energías renovables?

Carlos Zárate, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y estudiante del doctorado en derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA, señala los retos para Colombia en los próximos años, ligados a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en cuanto a reducción de gases invernadero y cambio climático, específicamente en el control de la deforestación; para lo cual es importante el aumento de presupuesto para la gestión ambiental.

En materia urbana hay un crecimiento de población y a su vez un aumento de la contaminación atmosférica que es necesario controlar en ciudades importantes del país haciendo un trabajo en gestión cultural y educativa para replantear formas de transporte acompañado de una revisión del campo automotor y de una adecuada planeación urbana.

Minería

Cuando hablamos de retos en materia ambiental en relación con la actividad minera, en un contexto de posacuerdo  debemos partir de la premisa de que el tema ambiental es sin duda uno de los componentes de la llamada “paz territorial”. Y es que las dinámicas extractivistas, las disputas por la tierra, por los recursos naturales, han estado entrecruzados y han hecho parte de las dinámicas del conflicto armado relacionadas con el destierro y el despojo. El conflicto armado de casi 5 décadas ha dejado también grandes pasivos ambientales y, paradójicamente, también contribuyó a que por los procesos de control de territorial llevados a cabo por grupos armados en ciertos territorios, estos estuvieran por mucho tiempo reservados y alejados de los intereses de explotación económica, que hoy, en cambio, comienzan a aparecer y a amenazar la integridad e indemnidad de zonas con singulares características y riquezas ambientales y ecosistémicas.

El ambiente no es entonces un asunto colateral sino central en el posacuerdo. Al punto que, sino se le presta la debida atención y sino se aprovechan los próximos 4 años para reconducir las acciones de gestión pública en los territorios en los que están presentes o latentes conflictos socio ambientales o socioterritoriales, podemos estar hablando de una nueva era del conflicto armado. Esto plantea pensar el asunto de la actividad minera en relación con los siguientes aspectos del posacuerdo, y analizar los retos que supone para conciliar el ejercicio de esta actividad, con los compromisos que quedaron planteados en el Acuerdo de Paz.

Uno de los grandes retos que enfrenta la actividad minera en  relación con el ambiente tiene que ver con un componente transversal del Acuerdo de Paz: la participación.

Es importante entonces, señala la profesora Diana Carolina Sánchez, que las decisiones de este órgano judicial se mantengan en este sentido, y que los mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares que han desempeñado un papel tan importante en estas discusiones, no se limiten o restrinjan en asuntos como los mineros. Por esto lo sucedido con la decisión de la Corte Constitucional del pasado jueves 11 de octubre comporta un retroceso no solo en términos del acuerdo de paz, sino en términos del Estado social y democrático de derecho que puso al  alcance de los ciudadanos una serie de mecanismos dispuestos para tener incidencia directa en los asuntos de más alta envergadura a nivel nacional y de la mayor trascendencia en lo local, y sobre todo en los asuntos que puedan afectar la vida individual y colectiva de los ciudadanos.

En el tema de participación ambiental por último, señala la profesora, la consulta previa a comunidades étnicas como un derecho que tiene que garantizarse en el desarrollo de cualquier proyecto y como mecanismo que no puede ser sustituido por otro, pese a que en los desarrollos normativos del Acuerdo de paz se hable de otros mecanismos de participación, los cuales podrán ser concurrentes con la consulta previa, pero nunca excluyentes de esta.

Finalmente es necesario señalar dos retos mas. El primero en materia ambiental en relación con el posacuerdo es la adopción de medidas necesarias para la adaptación y preparación para enfrentar el  calentamiento global y el cambio climático: las decisiones en materia minera, los análisis económicos de las rentas que espere recibir el país con respecto a esta actividad, deben comenzar a analizar y contemplar los costos que el país debe asumir como consecuencia de los impactos de esta actividad para adaptarse y mitigar las consecuencias del cambio climático. El segundo, como un desafío que nos involucra a todos como sociedad civil y como seres humanos y a la institucionalidad, es la asunción de una ética pública que nos conduzca a actuar y a adoptar decisiones pensando en la garantía no solo de nuestros derechos como generaciones presentes, sino sobre todo en los derechos de las generaciones futuras.